Desde que el presidente Nicolás Maduro fundó la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional de Venezuela hace dos años y medio, el escuadrón se ha ganado una reputación temible en los barrios pobres de Venezuela.
Por Sarah Kinosian y Angus Berwick
Oficiales de la fuerza han sido acusados de torturar y realizar ejecuciones sumarias por grupos de derechos humanos, políticos de oposición y ciudadanos comunes.
El pasado noviembre, Reuters publicó una investigación sobre 20 muertos atribuidos a la fuerza, conocida como FAES, en la que las versiones oficiales de tiroteos como actos de autodefensa se contradicen con la de testigos, evidencia en video, certificados de defunción, informes de autopsia y otra documentación. La fuerza se ha relacionado con cientos de muertes desde su creación en 2017.
Sin embargo, pese a su notoriedad, el grupo FAES es muy reservado y es conocido por sus máscaras y uniformes negros con insignias de calavera, pero sin llevar etiquetas con sus nombres. Los oficiales suelen permanecer en el anonimato incluso después de derramar sangre.
Ahora, un caso judicial que involucra a la fuerza FAES en la muerte de dos hombres el pasado marzo revela otro hecho poco conocido que Reuters es el primero en ofrecer de manera pública: algunos oficiales del escuadrón son criminales condenados.
Según cientos de documentos reservados presentados por los fiscales del caso, al menos dos oficiales procesados por participar en las muertes cumplieron penas de prisión antes de unirse al FAES.
Los documentos, que incluyen autopsias, informes balísticos, testimonios de oficiales y archivos de personal, muestran también que por lo menos tres miembros del mismo grupo, que no están siendo procesados por la mortal operación, tienen antecedentes penales.
Es ilegal y contrario a la política de la policía nacional la presencia de delincuentes en la FAES. Una ley de 2009 prohíbe a los venezolanos con condenas penales trabajar como agentes. Las normas del grupo y los documentos de reclutamiento, revisados por Reuters, dicen que los oficiales no deben tener antecedentes penales y sí tener “buen carácter moral”.
José Domínguez, jefe nacional de la fuerza FAES, dijo a Reuters en un breve intercambio de mensajes de texto que los miembros de la fuerza pasan por “procesos selectivos” y “entrenamiento especial”. No respondió a preguntas sobre los antecedentes penales de algunos policías del grupo FAES ni a una solicitud para discutir los hallazgos de Reuters en persona o por teléfono.
El Ministerio del Interior, que supervisa a la policía, y el Ministerio de Información, responsable de las comunicaciones gubernamentales, no devolvieron las llamadas y correos electrónicos de Reuters detallando sus hallazgos.
La presencia de convictos dentro de las filas de la FAES arroja nueva luz sobre una fuerza de seguridad ampliamente considerada por los venezolanos como un mecanismo de control social de Maduro, cuyo gobierno está asediado por el declive económico, el hambre, la inseguridad generalizada, las sanciones internacionales y el aislamiento.
Defendido por el presidente como un nuevo medio para combatir el aumento de la delincuencia y la violencia, el grupo FAES se ha vuelto tan temido como los criminales a los que estaba destinado a combatir, especialmente en las barriadas pobres, donde las dificultades avivan la inestabilidad política.
Personas familiarizadas con la unidad FAES dicen que los administradores del grupo están más preocupados por la fuerza y el miedo que por la rectitud.
“Ellos veían la necesidad de contratar personas que no tengan temor de cometer delitos, de ingresar a una vivienda sin orden de allanamiento y matar”, dijo Nora Echavez, exfiscal jefe en Miranda, el estado donde se escuchará el caso judicial en curso.
“Un delincuente hace esto fácilmente porque ya lo hizo la primera vez”, agregó.
Reuters no pudo determinar exactamente cuántos exconvictos pueden estar trabajando dentro de las filas de la fuerza FAES en todo el país. El gobierno no hace públicos los registros de personal y ni siquiera el número de integrantes, que según estiman miembros de la policía, es de unos 1.500 oficiales.
El misterio que rodea a la fuerza, incluida la falta de transparencia sobre sus oficiales, es fundamental en su manual.
“El FAES prefiere el anonimato”, dijo Javier Gorriño, un criminólogo y comisionado de policía municipal en El Hatillo, un distrito de Caracas, que ha interactuado con la fuerza. “Una máscara da más terror cuando uno no sabe quién está detrás”.
El caso que se sigue en Guarenas, una localidad a unos 39 kilómetros al este de Caracas, es uno de los pocos en los que la identidad y los antecedentes de los oficiales de FAES han salido a la luz.
Los dos hombres muertos allí estaban relacionados con las fuerzas de seguridad. Uno era un policía municipal de Caracas y el otro era un exmiembro de la misma fuerza en la capital venezolana. Ninguno de los dos estaba afiliado a la fuerza FAES ni a ninguno de sus oficiales.
Personas familiarizadas con el caso creen que probablemente la única razón por la que sus muertes han provocado una mayor investigación son los vínculos de las víctimas con la policía. Los casos de miles de otros venezolanos que murieron a manos de la policía, supuestamente después de resistirse a un arresto, habitualmente no se investigan.
Alexis Lira, un antiguo policía convertido en abogado cuyo hermano fue una de las víctimas en Guarenas, dice que la mayoría de las familias de personas muertas a manos de policías carecen de recursos y medios para desafiar las versiones de los operativos del grupo FAES.
“La mayoría de las víctimas tiene que aceptarlo”, dijo Lira, quien ahora pasa gran parte de sus días trabajando con los fiscales para buscar la responsabilidad por la muerte de su hermano. “Yo no”.
Su hermano Fernando era un expolicía de 39 años que se había convertido en diseñador gráfico. También murió el amigo de Lira, Eligio Duarte, un funcionario municipal de 41 años en Caracas. Ninguno de los dos tenía antecedentes penales.
Murieron el 6 de marzo de 2019, cuando un grupo de oficiales de FAES les disparó tras una breve persecución en auto. En un comunicado a los investigadores policiales, el supervisor de la fuerza que dirigió la operación dijo que los hombres habían disparado primero contra sus agentes.
La respuesta de la policía fue “bajo estado de proporcionalidad”, dijo el supervisor en su declaración.
No obstante, pronto surgieron pruebas de lo contrario.
Las pruebas forenses mostraron que ni Lira ni Duarte, que habían ido a Guarenas a cobrar un dinero debido a la novia del primero, dispararon un arma.
Ambos hombres fueron baleados desde arriba, según informes de autopsia, lo que socava la afirmación de la fuerza FAES de que fueron alcanzados en un tiroteo.
En una presentación judicial que llevó a la imputación de cargos de homicidio al supervisor de FAES y a seis oficiales, un fiscal estatal escribió: “Los hechos no se suscitaron de la forma como los funcionarios policiales pretenden hacer ver”.
“NO HAY LUGAR EN NINGUNA FUERZA DE POLICÍA”
Guarenas es el tipo de lugar violento que podría haberse beneficiado de una nueva fuerza nacional de lucha contra el crimen. Con unos 200.000 habitantes, esta comunidad del estado de Miranda, al este de la capital, tiene tasas de criminalidad que históricamente han excedido el promedio de Venezuela.
Algunas pandillas, expulsadas de Caracas en los últimos años, se han mudado a las colinas que rodean Guarenas y se extienden a lo largo de la costa caribeña. Las fuerzas policiales aquí y en otros lugares de Miranda son consideradas corruptas desde hace mucho tiempo.
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