A. Bastidas / panodi.com
Una especie de impuesto carcelario, conocido en algunos penales como ‘El Obligaíto’ o ‘La Causa’ cancelan semanalmente más de 3.350 reclusos de la Cárcel Nacional de Maracaibo, aseguró una fuente militar ligada al tema.
El vocero castrense indicó que en la cárcel de Sabaneta la cifra oscila entre 300 y 500 bolívares semanales por cada preso, dependiendo del área de reclusión y de las posibilidades económicas del interno.
“En Sabaneta existen áreas como Penal, Máxima, Reeducación, Procemil, Patio y Calabozo, en cada una de ellas los internos están obligados a pagar una cuota a los líderes negativos y a ‘su carro’ (escoltas). Aquel que no tenga como pagar corre el riesgo de morir”, informó la fuente del penal.
En Penal se cobra, según la fuente militar, 300 bolívares, 450 en Reeducación, 400 en Máxima, 350 en Procemil, 350 en Patio y 500 en el área de Calabozo. “Están exonerados de este pago ‘el carro’ o grupo de escoltas, que son los que administran el dinero y se encargan de hacer el cobro”, dice el informante.
Sobre esta problemática, Humberto Prado, director de la Organización No Gubernamental, Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), explicó: “Dentro de la distribución interna de la cárcel está la figura del ‘pran’ y de los ‘luceros’, que son especies de seguridad o escoltas encargados de recoger esta causa u obligaíto.
Éste se cobra según el interno y sus posibilidades económicas, si hay alguno que maneje algún negocio familiar o tiene más posibilidades monetarias la cuota es mucho más alta.
Este sistema penitenciario se desfiguró cuando se perdió el régimen en las cárceles, porque esta administración se olvidó de los presos, esa costumbre del obligaíto o la causa se conformó en ley interna desde el año 2000”, manifestó.
“Estos montos son estimados porque pueden variar entre preso y preso, aquellas áreas que están sobrepobladas la cuota tiende a ser menor, pero la cifra la estipula el pran”, dijo el vocero.
Para Prado, aquel recluso que no tiene como pagar simplemente “muere o los corren a los techos, a las fosas, o quedan abnegados, o simplemente el preso cae en una deuda eterna”.
“Lo que sucede dentro de la cárcel es un capitalismo salvaje”, insistió Prado.
El Programa de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) aborda esta situación y asegura que las negociaciones internas de la administración penitenciaria parecen responder “a un reconocimiento de la pérdida del control sobre lo que sucede, a través de la aceptación de pactos y acuerdos informales” con los ‘líderes’ negativos de los establecimientos.
“El cobro de la ‘causa’ es público y aceptado(...): la circulación de dinero en los centros penitenciarios se origina por la venta de drogas, de comida en las cantinas, por el cobro de la pernocta y la protección de la vida”, dice el informe.
Según Provea, estos “liderazgos negativos” son los que realizan el proceso de clasificación, al alquilar y analizar los espacios dentro del establecimiento, los servicios de comunicación a través del negocio telefónico, la garantía de la seguridad y la protección de la vida del interno “a través del resguardo de una parte de la población previo pago de ‘la causa’ para preservar su vida y tener acceso a los servicios”.
Para Provea, este dinero es coordinado y garantizado por los “pranes”, a quienes describe como “hombres privados de libertad que poseen y ejercen un importante liderazgo en los establecimientos, los cuales a través de una organización jerarquizada y un sistema de alianzas internas e institucionales, regulan el orden y la organización en el espacio carcelario, al tiempo que manejan distintos negocios, entre ellos la distribución de drogas y armas”.
Carlos Nieto Palma, director de la ONG Una Ventana a la Libetrad, también ofreció su visión sobre este arancel que se cancela en las cárceles.
“En algunas cárceles es conocido como ‘La Prote’ y es una figura que existe en casi todos los penales”, comparte Niet o Palma.
“El pago del obligaíto existe hace seis o siete años y es controlado a través de la figura de los pranes, éste se implemente entre un 85 y 90% de los penales venezolanos y Sabaneta no escapa de esa realidad”, manifestó Palma.
“A aquellos que no pagan los llaman ‘los brujas’ y los pueden poner a hacer trabajos como limpiar, o cocinar. Ese dinero funciona para comprar drogas, armas, pero también ellos se suplen necesidades dentro de la cárcel, como la alimentación, la compra de productos de aseo personal y también financiar las parrandas que se hacen los fines de semana, cuando contratan, incluso, a grupos musicales”, indica Palma.
“Más que un impuesto, estamos hablando de una especie de contribución para los gastos comunes y para cubrir las carencias. Esto es una muestra clara de que el control dentro de las cárceles lo tienen los pranes”, asegura Palma.
