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7 de febrero de 2014

Imputan nuevos delitos al ex director de la Disip por la masacre de Cantaura


El Ministerio Público (MP) amplió la imputación contra José Domínguez Yépez, ex director de Inteligencia de la extinta Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), por su presunta vinculación con la masacre de Cantaura, perpetrada el 04 de octubre de 1982.

AVN

El exfuncionario fue acusado por la presunta comisión del delito de quebrantamiento de pactos y convenios internacionales suscritos por la República, indica nota del MP.

El pasado 5 de junio Domínguez Yepez fue imputado por presunto delito de concurso real en el homicidio calificado con alevosía y motivos innobles de las 23 víctimas que perdieron la vida en el referido hecho, agrega la nota.

La Masacre de Cantaura se registró en el estado Anzoátegui el 4 de octubre de 1982, cuando 23 jóvenes guerrilleros, integrantes del Frente Américo Silva (FAS) del entonces movimiento de izquierda Bandera Roja, fueron masacrados por los organismos de seguridad del Estado, en el gobierno del copeyano Luis Herrera Campíns.

Las víctimas fueron: Roberto Rincón Cabrera, Emperatriz Guzmán Cordero, Carmen Rojas García, Sor Alonso Salazar, José Núñez, Mauricio Tejada, Enrique Márquez Velásquez, Carlos Hernández Arzola, Idemar Castillo, Luisa Estévez Arranz, Baudilio Herrera Veracierto, José Becerra Navarro, Eumenedis Ysoida Gutiérrez Rojas, Diego Carrasquel, Luis Gómez, Antonio Echegarreta, Eusebio Martel Daza, Rubén Castro Batista, Nelson Pacín Callazo, José Zerpa, Carlos Zambrano Mira, Beatriz Jiménez y Julio Faría Mejía.

Por el mencionado caso también están imputados el exdirector general de la extinta Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), Remberto Uzcátegui; el exdirector de Inteligencia de ese mismo organismo, José Domínguez Yépez; el excomandante del Batallón de Cazadores del Ejército, Ismael Antonio Guzmán; y el médico forense Guillermo Solano.

El Diputado del PSUV Róger Cordero Lara fue uno de los militares que participó en el ataque del campamento, según ha denunciado continuamente la Organización de defensa de los Derechos Humanos PROVEA.



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