El Ministerio Público logró privativa de libertad para cinco funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), quienes presuntamente extorsionaron a dos comerciantes el pasado 18 de junio en la parroquia La Vega, municipio Libertador del Distrito Capital
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En la audiencia de presentación, los fiscales 53° nacional y 5° del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Jesús Rocha y Nora Echavez, respectivamente, imputaron a Manuel Solano (22) y Víctor Suarez (27, por la presunta comisión del delito de extorsión en grado de autoría.
Asimismo, fueron imputados Lusnaly Castellanos (22), Raúl Lozano (24) y Oswaldo Sojo (25), por la presunta del mismo delito pero en grado de complicidad.
Adicionalmente, los cinco funcionarios fueron imputados la presunta comisión del delito de usurpación de funciones contemplado en el artículo 213 del Código Penal.
En ese sentido, el Tribunal 5º de Control del AMC, con base en los elementos de convicción expuestos por los representantes del Ministerio Público, dictó medida privativa de libertad para los cinco efectivos policiales, motivo por el que los cuatros hombres permanecerán recluidos en la Penitenciaria General de Venezuela, ubicada en el estado Guárico; mientras que la mujer fue enviada al Instituto Nacional de Orientación Femenina.
Según la investigación preliminar, el citado día, en horas de la noche, los cinco efectivos del Cicpc inspeccionaron dos locales comerciales en el mencionado sector, haciéndose pasar por funcionarios de la Comisión Nacional de Casinos.
Seguidamente, los funcionarios detectaron que en esos locales funcionaban algunas máquinas traganíqueles, por lo que le solicitaron a los comerciantes la cantidad de 6 mil bolívares para no actuar contra ellos.
Sin embargo, en ese momento uno de los comerciantes se acercó a un punto de control de la Guardia Nacional Bolivariana ubicado en la zona y notificó lo ocurrido.
De inmediato, los efectivos castrenses se trasladaron al lugar y constataron la situación, motivo por el cual los cinco funcionarios fueron aprehendidos y puestos a la orden del Ministerio Publico.
