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25 de julio de 2014

Fiscalía acusa a sargento de la GNB por la muerte de Geraldine Moreno


El Ministerio Público acusó al sargento segundo de la GNB, Albín Bonilla Rojas, por ser el presunto responsable de la muerte de la estudiante Geraldin Moreno Orozco (23), ocurrida tras una protesta el pasado 19 de febrero, en el municipio Naguanagua, estado Carabobo

La Verdad

El Ministerio Público acusó al sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Albín Bonilla Rojas, por ser el presunto responsable de la muerte de la estudiante Geraldin Moreno Orozco (23), ocurrida tras una protesta el pasado 19 de febrero, en el municipio Naguanagua, estado Carabobo.

Los fiscales nacionales 39º, 44º auxiliares y 80º, así como la 28ª de esa jurisdicción, Juan Carlos Tabares, Yolanda Carrero, Francisco Leal, Elvis Rodríguez y Karoly Montero, respectivamente, acusaron al efectivo castrense como autor material en el delito de homicidio calificado con alevosía y por motivos fútiles.

El funcionario militar también fue acusado por quebrantamiento de pactos y convenios internacionales, uso indebido de arma orgánica y trato cruel en grado de complicidad correspectiva en perjuicio de otro ciudadano, quien ese mismo día resultó herido por perdigones.

En el escrito presentado ante el Tribunal 3º de Control de Carabobo, los representantes del Ministerio Público solicitaron la admisión de la acusación, el enjuiciamiento del efectivo castrense y que se mantenga la medida privativa de libertad contra Bonilla Rojas, quien se encuentra recluido en el Destacamento Nº 25 de la GNB, ubicado en ese estado.

De acuerdo con la investigación, la estudiante del quinto semestre de Citotecnología de la Universidad Arturo Michelena se encontraba en horas de la noche del mencionado día en el sector Tazajal en Naguanagua, cerca de una manifestación, cuando recibió varios impactos de perdigones, hecho que le causó la muerte poco después en un centro de salud del estado Carabobo.

Posteriormente, el 11 de junio, Bonilla Rojas fue puesto a la orden del Ministerio Público, tras una orden de aprehensión acordada por la referida instancia judicial.



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