Yennys Rojas / Deivis Rodríguez / Panorama
En un hecho inédito en el país, un obrero del aseo urbano pagará 11.770 bolívares, es decir, 110 Unidades Tributarias (UT), por maltratar a un perro, en Cabimas, Costa Oriental del Lago.
Ayer, el Juzgado Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, extensión Cabimas, sancionó a Deivis Natividad Rojas, de 48 años, por las agresiones al canino y, por desobedecer a la autoridad, en este caso, a la Asociación Protectora de la Fauna Silvestre (Asoprofasil), cuando sus integrantes lo hallaron ejerciendo la violencia contra el can, solicitaron que cesara pero él no acató.
La jueza María José Abreu, presidió ayer, pasadas las 11:00 de la mañana, el acto jurídico en el que Rojas se declaró culpable.
Para su condenatoria, se citó el artículo 73 de la Gaceta Oficial número 39.338, de enero de 2010, en donde se señalan los maltratos hacia la fauna silvestre, doméstica y en cautiverio.
La decisión causó felicidad entre los integrantes de Asoprofasil, en especial en Maritza Hurtado, su presidenta. “Es algo que nos anima. Gracias a Dios el juicio se resolvió de una vez. Considero que siembra un precedente, es lo apreciable, que hubo una sanción. Y que de verdad ahora la gente, antes de maltratar a un animal, lo pensará, porque estará cualquier persona mirándolo”, comentó la protectora.
Bajo un sol intenso, un numeroso grupo de jóvenes y adultos, integrantes de fundaciones protectoras de animales, vecinos, y representantes de colectivos de la Misión Nevado en el Zulia, apoyaron el arranque del juicio, con pancartas y llamados de conciencia.
“No queremos que se vuelvan a repetir casos como este, que esto siente un precedente para que a las personas que les gusta maltratar a los animales, sepan que pueden ser multados, penados con las leyes”, recalcó Glenda Vargas, presidenta de la Fundación Salvando Huellas de Ciudad Ojeda.
La curiosidad atrajo a otras personas, y entre la gente, surgieron inquietudes. “¿Son tantas unidades tributarias para aquellos que mutilen un animal? y ¿Cómo hacen los veterinarios o las personas que llevan a un doberman a que le cortan las orejas y el rabo si toda persona que mutile le pueden sancionar con entre 30 y 40 unidades tributarias?”, preguntaba Wilfredo Vega.
“Eso está prohibido. Hay que hacer una campaña con los médicos veterinarios, con el colegio de ellos, para que hagan llegar a sus colectivos que eso es una práctica ilegal”, respondió Vargas.
Entre quienes integran la Misión Nevado, en los colectivos conformados en el Zulia, ante de la sentencia, las expectativas se inclinaban a un desenlace favorable en el “caso fuentes”, como se le llamó públicamente a esta causa.
“Dando el presidente de la República la aprobación de la Misión Nevado, arrancamos en el Zulia con el primer caso de este tipo en el país: es hacer justicia por un maltrato animal”, señalaba Ghindallae Araujo, vocera del colectivo Misión Nevado en Cabimas.
Quien recibiera sanción en este juicio, Deivis Rojas, señaló que solo estaba recibiendo la indicación de otra persona. En el juicio, admitió su culpa.
