“¿Cuál orden? Cállate o te llevo presa”, fue el reproche de la Fiscal del Ministerio Público a la residente de Residencias San Marín en Maracaibo. Uniformados ingresaron ayer a las residencias alrededor de las 5.00 de la mañana. Al menos 500 efectivos de la Guardia Nacional, Ejército venezolano, Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia, Sebin, CICPC y Fiscalía del Ministerio Público participaron en el procedimiento.
Por Verónica Albarrán / La Verdad
Los uniformados ingresaron a las residencias San Martin alrededor de las 5.00 de la mañana. Los gases lacrimógenos comenzaron a causar estragos en las cientos de familias que habitan en el conjunto habitacional. Hugo Angulo, vecino del módulo 5, relató que mientras algunos efectivos “irrumpían” en los apartamentos, otros disparaban desde las azoteas de los edificios.
“Me despertaron las detonaciones, y decidí salir al balcón para ver lo que ocurría. Cuando observaba a los funcionarios entrar a los edificios, uno de ellos me apuntó con su armamento desde la azotea del módulo contiguo. Me dijo ‘vamos pa dentro’, pero su compañero le hizo señas para que se tranquilizara”.
Al menos 500 efectivos de la Guardia Nacional, Ejército venezolano, Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia, Sebin, CICPC y Fiscalía del Ministerio Público participaron en el procedimiento que se prolongó por seis horas. Jairo Ramírez, secretario regional de Seguridad y Orden Público, explicó que la acción se ejecutó ante las protestas protagonizadas por jóvenes que desde la madrugada del jueves mantenían cerrado el acceso a la zona.
Ramírez informó que tres apartamentos del urbanismo fueron allanados, con un total de 12 personas detenidas, presuntamente vinculadas a las llamadas guarimbas. “Todo se ha hecho apegado a la ley. Hemos hecho una serie de allanamientos puntuales de unos apartamentos en los que hemos conseguido material ferroso, bombas molotov y todo lo que ha sido sustraído del CNE”.
Tras las declaraciones del representante del Ejecutivo regional, las visitas domiciliarias continuaron. La puerta de otro apartamento fue derribada por los efectivos de seguridad y otros seis jóvenes fueron aprehendidos. En total 18 personas resultaron detenidas.
Sin orden de allanamiento
Pese a que las distintas autoridades, incluyendo a Ríchard Linares, fiscal superior del Zulia, argumentaron que el procedimiento se llevó a cabo “apegado a la ley”, y previas labores de inteligencia que llevaron a la realización de allanamientos “puntuales”, los vecinos denunciaron irregularidades en las actuaciones.
Según los habitantes del módulo 4, bastó un cacerolazo para que una fiscal del MP y un grupo de funcionarios allanaran repentinamente el apartamento de Juana Ordóñez, quien al escuchar los golpes en su puerta dio acceso a las autoridades. Entre lágrimas, la madre de familia relató que sus dos hijos y una inquilina, estudiante de Ingeniería de la Unefa, fueron sacados esposados de la vivienda.
“Entraron y enseguida comenzaron a revolver todo, le dije a la fiscal que me mostrara la orden judicial y me gritó ‘¿cuál orden?, cállate o te llevo presa’. Sacaron a mis dos hijos de sus cuartos y se llevaron a mi inquilina, pero además se llevaron tres laptops, nuestros celulares, dos mil bolívares que teníamos guardados y prendas de oro”.
El equipo legal del Foro Penal Venezolano asumió los casos de los aprehendidos. Celia Dao, coordinadora regional de la organización, confirmó que entre los detenidos se encuentran cuatro menores de edad. Denunció que el acceso a los abogados de la ONG fue negado por los uniformados.
“Este procedimiento violentó los derechos fundamentales de las personas al no presentar orden judicial para los allanamientos, eso demuestra que en este país no hay estado de derecho (…). A nosotros no nos dejaron entrar y nos amenazaron con llevarnos detenidos”.
La historia se repite
El pasado 26 de marzo autoridades del CICPC, Sebin y Ministerio Público ingresaron al conjunto residencial con una orden de allanamiento “genérica” con la cual realizaron visitas domiciliarias a cinco apartamentos de San Martin. En aquella oportunidad la Fiscalía buscaba evidencias de la quema de la sede regional del Consejo Nacional Electoral.
Retiran bandera
Ante las actuaciones de las fuerzas del orden público en las residencias San Martin, vecinos de la residencia Vista Real, ubicada al final de la avenida 5 de Julio, se asomaron en sus ventanas a rechazar la acción de los funcionarios. Un grupo de uniformados en compañía de representantes de la Fiscalía ingresaron al edificio, subieron hasta la azotea y desmontaron una bandera de al menos 30 metros. Según Manuel Graterol, jefe del Core 3, el tricolor fue “retenido” por tratarse de una “burla”, pues en vez de ocho estrellas tenía siete.
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