“Papi, ¿es verdad que tú y mi mami van a ir presos?”, me pregunta sollozando y exaltada mi hija de ocho años, vía telefónica, desde la sede del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería en el Zulia (Saime) en Ciudad Ojeda
Por Raúl Semprún / La Verdad
“Papi, ¿es verdad que tú y mi mami van a ir presos?”, me pregunta sollozando y exaltada mi hija de ocho años, vía telefónica, desde la sede del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería en el Zulia (Saime) en Ciudad Ojeda, donde, en compañía de su mamá, Jessika Camargo, acudió la mañana del jueves 2 de octubre para renovarle su pasaporte.
“No, hija. Eso no es verdad. Tu mamá y yo no somos delincuentes. Por favor, deja de llorar”, le contesté con asombro, rabia y un nudo en la garganta del tamaño de un puño. Allí, un grupo de funcionarios del Saime, encabezados por Britney Baptista, jefa de la oficina, atentaron, con tono humillante, contra la integridad emocional y psicológica de la niña, al poner en duda la legalidad de un documento de permiso validado, con firmas y huellas dactilares, por la Notaría 2 de Maracaibo, ante mi ausencia en la sala por una reunión laboral impostergable.
La renovación la negó Baptista, al asegurar, a todo gañote, frente a la niña, que las firmas no coincidían y las huellas “eran falsas”. Para colmo, un funcionario de la oficina exclamó que tanto su mamá como quien escribe podíamos ir a la cárcel, como delincuentes de la peor calaña. Ella reforzó ese comentario e hizo llorar a la pequeña. Dos días después, la embarga la angustia y se le tramita cita con un psicólogo infantil.
Confieso que en tiempo real hablé con la funcionaria por el hilo telefónico para tratar de certificar que fui yo quien un día antes había firmado y estampado las huellas dactilares en la Notaría 2. Me dijo que lo lamentaba, dio a entender que desde la notaría se pudieron prestar para un hecho ilícito y no iba a arriesgarse. Que debía acudir al lugar la mañana del sábado. No me creyó. Le dije, como ruego, que me era imposible. Y no cedió. Estaba en su derecho. No imaginaba, para el momento de la conversación, el tono lesivo de cómo se dijeron las cosas delante de la pequeña.
Ineficiencia
Al final, Baptista negó el documento y le sugirió a la madre de la niña realizar una doble firma que se modificaría cuando yo acudiera a la sede. Se hizo la denuncia en un Tribunal de Menores y en la Notaría 2. Hoy Juan Carlos Dugarte, director nacional del Saime, visita el Zulia para unas jornadas especiales en las que, entre otras cosas, se pretende exponer la eficiencia del organismo. Flaco favor le hacen a su trabajo con semejante trato a los usuarios.
Esto no se trata de una denuncia con tinte político o un capricho. Ni siquiera un reclamo por la ineficiencia o el abuso de poder que resulta evidente en la funcionaria. Es una denuncia pública por la violación de los artículos 8 y 32-A de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopna), referente al derecho al buen trato, más el artículo 51 de la Carta Magna. Es el soberano deber que tengo como padre de resguardar la integridad plena del ser más importante en mi vida: mi muchachita de ocho años.
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